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Actividades y Campañas

Alianza inaugura diplomado sobre derechos de niñez y adolescencia La Alianza por los Derechos de la niñez, Adolescencia y Juventud en El Salvador, inauguró este 8 de abril, un Diplomado sobre Derechos de la Niñez y Adolescencia. El contenido está dividido en cinco módulos sobre enfoque de Derechos Humanos y desarrollo del procedimiento administrativo y judicial; feminismo y masculinidad; igualdad, inclusión y no discriminación hacia niñez y adolescencia, entre otros temas.

Asimismo, en el marco del Día Nacional para la Erradicación de la Violencia Sexual ejercida contra las Niñas y Niños de El Salvador, la Alianza externó su preocupación por los frecuentes hechos de violencia y explotación sexual, maltrato infantil y desprotección de niñez y adolescencia, además otras formas de violencia que se registran en la actualidad.

Según datos del CONNA, en el año 2015, las quince Juntas de Protección instaladas a nivel nacional recibieron un total de 17,930 casos por presuntas amenazas o vulneraciones a derechos de niñas, niños y adolescentes. En su mayoría, los hechos reportados son amenazas o vulneraciones al derecho de integridad personal; principalmente, maltrato físico, psicológico y sexual, representando el 46% del total (10,162 casos). El 59.19% son niñas y adolescentes menores de 17 años; 37.14 son niños y adolescentes.

Estas cifras confirman que las quince Juntas de Protección no son suficientes, pues, existe una sobrecarga de trabajo y no atienden con la prontitud y celeridad que se requiere.

Estadísticas de la Policía Nacional Civil indican que en el año 2015, recibió 836 denuncias por violaciones sexuales en niñas y adolescentes; 593 casos de estupro (relaciones sexuales mediante engaño de una adolescente de 15 a 17 años con una persona adulta; datos que corresponden a 13 departamentos); 182 violaciones en mujeres jóvenes de 18 a 30 años.

Estos delitos ocurren mayoritariamente contra las niñas y mujeres con una proporción de 9 a 1. Es decir que por cada víctima femenina ocurre un caso en el sexo masculino; y dentro de estos, casi siempre menores de 14 años.
b En 2014, las Juntas de Protección reportaron procedimientos de protección a favor de 27 niñas, niños y adolescentes como presuntas víctimas de trata, según el CONNA.

El Instituto de Medicina Legal informó que de enero a diciembre de 2015, 632 niñas y niños menores de 17 años fueron asesinados en todo el país. Algunas de las víctimas eran el objetivo de los homicidas y feminicidas, otras murieron en fuego cruzado y en otros casos, acompañaban a sus madres o padres cuando fueron atacados.

De acuerdo a datos del Ministerio de Salud, en el año 2014, los partos en edades entre los 9 a 19 años, representaron el 33.8% de todos los embarazos atendidos en el Sistema Nacional de Salud, lo que equivale a la atención de 23,078 partos intrahospitalarios.

La situación de violencia en el país afecta de manera directa e indirecta a las niñas, niños y adolescentes, quienes además son víctimas de malos tratos y agresiones sexuales, se exponen al consumo de drogas y sustancias adictivas y son explotados económicamente a través de su utilización para el cometimiento de actividades ilícitas.

Ante esta situación, la Alianza por los derechos de la niñez, adolescencia y juventud, expresa:

Que el CONNA, ISNA, PNC, CSJ, MINSAL, MINED y la Red de Atención Compartida, promuevan acciones interinstitucionales que atiendan de manera integral y promuevan acciones de prevención y protección hacia la niñez y adolescencia.

Insta a los gobiernos municipales que, sin más demora, promuevan los Comités Locales de Protección, de tal forma que se materialicen en el nivel local las políticas públicas y la normativa vigente en materia de derechos de niñez y adolescencia.

Al Ministerio de Educación, fortalezca la implementación de Educación Integral de la Sexualidad, dentro de las comunidades educativas de El Salvador, lo cual contribuirá a construir ambientes más seguros y que resguarde los derechos del alumnado.

Al CONNA continúe implementando progresivamente las estrategias de promoción, garantía y fortalecimiento de la normativa y política de protección que le manda la Ley Especial de Protección de Niñez y Adolescencia (LEPINA) y demás normativa, para asegurar el pleno respeto a la vida, integridad y derechos de la niñez y adolescencia en el país.

San Salvador, 8 de abril de 2015.



La maternidad y unión temprana frena desarrollo de niñas y adolescentes

La maternidad y unión temprana para niñas y adolescentes son determinantes para que ellas no continúen con su educación, afectando su desarrollo y bienestar propio y de sus hijas e hijos. Este elemento es decisivo para que a futuro ellas y su grupo familiar no puedan superar las condiciones de pobreza.

Un estudio elaborado por diferentes instituciones de gobierno con el apoyo de agencias de cooperación, demostró preocupantes hallazgos a partir de los resultados de una muestra tomada del total de 12,776 niñas y adolescentes de 12 a 17

años que tuvieron un parto en 2012, según registros del Ministerio de Salud.

Este afirma que la unión temprana está estrechamente vinculada a la pobreza y a las oportunidades educativas de las niñas y adolescentes.

De una muestra de 424 niñas y adolescentes que respondieron la encuesta y/o entrevista realizada en 2015, la mayoría estaba al casada o acompañada (72%); el 82% sólo había tenido una unión en su vida y solo un embarazo (72%); es preocupante que el 28% restante al momento de la entrevista en 2015, había tenido un segundo embarazo.

Casi la mitad de las niñas y adolescentes, que tuvieron parto en 2012, no utilizan actualmente métodos anticonceptivos, exponiéndolas a un nuevo embarazo. 5 adolescentes entre 15 y 17 años, es decir el 1.2%, ya tenían 3 o 4 embarazos a la fecha de la encuesta en 2015.

El 62% de ellas viven con sus parejas, ya sea solo con ellas o también con otros familiares. Casi la mitad de esas adolescentes (45%) ya se encontraban unidas y cohabitando con su pareja antes de su embarazo.

El 65% de las niñas y adolescentes alguna vez unidas, su primera pareja era al menos cuatro años mayor que ella y 18% tenía pareja que le superaba al menos en 10 años de edad.

En el caso de las niñas que en el año 2012 tenían entre 10 y 12 años, un 29% ya estaban unidas o acompañadas antes de su embarazo.

De todas las niñas de este mismo grupo de edad, que alguna vez han estado en unión, en el 83% su primera pareja tenía cuatro o más años de diferencia y en 17%, le superaba al menos en 10 años de edad.

Una de cada cinco niñas de 10 a 12 años, su primera relación sexual fue con un familiar; por tanto según el Código Penal debería de considerarse el delito de agresión sexual agravada.

Los hallazgos muestran que sólo un 36% de las niñas y adolescentes que tuvieron parto en el 2012, estaban estudiando al momento de su primer embarazo. De las que estaban estudiando, el 89% abandonó los estudios a causa de la maternidad o la unión y sólo un 18% se reintegró a la escuela después de su primer embarazo, confirmando con ello el embarazo trunca el desarrollo educativo de las niñas y adolescentes. El 86% solo había cursado educación básica al momento de la encuesta, el 9.9% bachillerato, o.5 nivel superior y el 3.5% no tenía ningún año de escolaridad.

Este como otros estudios, confirma el rechazo y discriminación que enfrentan las niñas y adolescentes embarazadas, ya que de la muestra, el 47% de las niñas de 10 y 12 años manifestó que percibió rechazo al asistir embarazada a la escuela.

El rechazo se agrega a la falta de apoyo económico y emocional incluso de parte de familiares y personas cercanas, lo cual provoca que las niñas y adolescentes, en su mayoría, no cuentan con recursos propios que garanticen las condiciones mínimas para cubrir los cuidados y gastos necesarios por su estado de embarazo.

Menos de la mitad de las niñas y adolescentes entrevistadas (47%) afirmó que recibía apoyo de su familia cercana (padre, madre, abuela, abuelo u otros), mientras que el 53% identificó a su pareja como responsable económico del hogar. De las niñas que en 2012 tenían entre 10 y 12 años, el 71% considera que la persona responsable de ellas era su padre, madre o un familiar; sin embargo, un 29% identificó como persona responsable a su pareja.

De las que vivían en la casa de su familia al momento del embarazo, 6% fueron obligadas a irse por causa de este; mientras que el 14% no vivía con su pareja, pero tuvo que irse con él porque no tenía dónde vivir al momento del embarazo.

Estos resultados reiteran la necesidad de analizar la problemática de embarazo adolescente desde la óptica de la violencia social y por razones de género que afecta a las niñas y adolescentes en el país; además de los desafíos de país para atender está situación mediante diversas medidas.

Algunas de ellas puede ser el acceso a la educación sexual integral para mejorar la información, conocimiento y defensa de los derechos sexuales y derechos reproductivos; mejorar la investigación y sancionar a los agresores sexuales, así como otras medidas como mejorar las redes de cuidado y apoyo para adolescentes embarazadas, para prevenir un segundo embarazo y facilitar que continúen sus estudios.



Diversos estudios y estadísticas oficiales demuestran que la problemática de violencia sexual tiene múltiples manifestaciones, naturalizadas por conductas sexistas/machistas y adultocentricas que provocan la desprotección de niñas y adolescentes por estos delitos.

Asimismo, en nuestro país son frecuentes las relaciones de noviazgo o convivencia de adolescentes con hombres mayores que ellas, especialmente en zonas rurales; estas prácticas son vistas con naturalidad, pese a ser sancionadas de manera legal según el art. 163 del Código Penal que incluye el delito de estupro.

Al analizar las estadísticas por este delito, puede verse que, en el periodo de enero a agosto de 2015, se conocieron 361 casos en todo el país. La Unión y Cabañas presenta la mayor cantidad de denuncias, sumando entre sí 220 casos; en el otro extremo con el menor número de casos se sitúan Sonsonate y Usulután, presentando uno y cuatro casos respectivamente.

En cuanto a las violaciones en menores de edad, especialmente niñas, la PNC reporta 597 de enero a agosto de 2015, La Libertad y San Miguel presentan el mayor número de casos, sumando entre sí 180 denuncias o el 30% del total.

Otro delito frecuente son las agresiones sexuales, totalizando en el mismo periodo 165. Por departamento, San Salvador es el que más casos reportó con 33 y La Libertad con 19.

Las cifras citadas solo reflejan una parte de la problemática que viven especialmente las niñas y adolescentes, ya que muchos casos no son denunciados por temor de las víctimas y amenazas a su integridad por parte de sus agresores, especialmente si son miembros de su familia o conocidos de la comunidad donde residen vinculados a grupos criminales, como usualmente ocurre.

Por lo anterior, en el marco del Día Nacional e Internacional de la No Violencia contra las Mujeres la Alianza por los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud demandamos a las instituciones del Estado:

  • Atender de manera prioritaria la problemática de violencia sexual, agravada por los altos niveles de violencia social y de género que aqueja al país en la actualidad.
  • Atender dentro de las políticas de seguridad la prevención e investigación efectiva de los numerosos casos que suceden a diario y erradicar los altos niveles de violencia sexual, lo cual no será posible sin asegurar de manera total la privacidad e integridad de quienes se atreven a denunciar a costa de su seguridad;
  • Exhortamos a las autoridades que hagan uso de todos los recursos necesarios para que los casos no queden impunes por la falta de testimonios de las víctimas y testigos, priorizando las pruebas científicas y otras herramientas elementales para identificar y castigar a los agresores.
  • Brindar atención integral a las víctimas, ya que las secuelas psicológicas y físicas tienen un impacto negativo y duradero que coartan el bienestar y desarrollo de miles de niñas y adolescentes agredidas sexualmente cada año.
  • Desarrollar programas de atención en centros educativos y unidades de salud, para evitar el abandono escolar de adolescentes embarazadas, así como el aislamiento por la estigmatización, el temor y la desconfianza; algunas secuelas que deben ser atendidas de manera profesional y sistemática.
  • Eliminar cualquier posibilidad de re victimización y cumplir los protocolos de atención que asegure la anticoncepción de emergencia y antirretrovirales, independiente que el caso sea denunciado o no; respetando y entendiendo cada situación particular en este contexto de alta inseguridad y desprotección. •
  • Finalmente, es necesario atender las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño/a, en torno a los vacíos legales que a la fecha favorecen la impunidad de los agresores mediante el matrimonio con la víctima, así como la falta de sanción proporcional debido a la actual definición de delitos como el estupro y las agresiones sexuales en el Código Penal vigente.

    San Salvador, 25 de noviembre de 2015.




    En conferencia de prensa celebrada este 21 de octubre de 2015, la Alianza por los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud, solicitó priorizar la inversión para garantizar la protección de niñez y adolescencia en el país y su derecho a la participación ante las instituciones del Estado, a nivel familiar y comunitario.

    Posicionamiento de la Alianza por los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud en El Salvador

    En el marco del Día Nacional del Niño y la Niña, reconoce los avances promovidos por el Estado Salvadoreño, la Sociedad Civil organizada y la población en general que buscan la garantía de los Derechos de las niñas y niños. Lamentablemente el progreso en algunos temas está siendo lento y uno los retos que enfrenta el funcionamiento del Sistema Nacional de Protección es mayor asignación de recursos para promover la protección integral de la niñez y la adolescencia y la ampliación en la cobertura de servicios sociales básicos.

    La instalación de los Sistemas Locales de Protección Integral, según el CONNA reporta a mayo de 2015 el 7.63% (20/262 municipios), ha seguido un ritmo menor al que la necesidad lo demanda, hasta mayo de 2015 únicamente se reportan 20 Sistemas establecidos, de igual manera los resultados en el desarrollo de políticas y planes locales en materia de derechos de niñez y adolescencia que velen por la garantía de derechos colectivos y difusos de los niños, niñas y adolescentes de su localidad, de tal forma que cuenten con asignación de presupuesto para su ejecución. Y sean homologados bajo la rectoría de la Política Nacional de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia de El Salvador, 2013-2023.

    En cuanto a los Derechos de Participación de las niñas, niños y adolescentes que define la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (LEPINA), son mecanismos institucionales de consulta, solicitud de peticiones y expresión de pensamiento de las niñas y niños, para el diseño de políticas, programas o proyectos de las diferentes instituciones gubernamentales y no gubernamentales no son eficientes, por ejemplo, no se cuenta con procedimientos para que puedan presentar y dirigir peticiones ante cualquier autoridad y darles trámite administrativo; así mismo aún son incipientes los mecanismos que hagan efectivo el derecho de acceso a la información.

    Entre los antecedentes más significativos en la promoción de los derechos de participación se encuentran la iniciativa del CONNA en la que se realizaron consultas a las niñas y niños, para la construcción de la Política Nacional de Protección Integral de la Niñez y de la Adolescencia, durante 2013 y la creación del Consejo Consultivo de la Niñez y Adolescencia, en septiembre de 2014.

    En la actualidad no se tiene información consolidada sobre la cantidad de niños y niñas que participan de manera activa en la toma de decisiones para el diseño de políticas, programas o proyectos de las diferentes instituciones gubernamentales y no gubernamentales. La mayoría de esfuerzos encaminados a generar espacios de participación se concentran en proyectos que desarrollan las organizaciones no gubernamentales.

    Ante este panorama, la Alianza hace el siguiente llamado para redoblar esfuerzos en la promoción de los derechos de participación y la asignación presupuestaria, a través de:

  • La promoción y la creación de mecanismos y espacios de participación a nivel nacional y local, por parte de instituciones gubernamentales. Desarrollar y fomentar la cultura de participación de las niñas y niños, en el seno de la familia y a nivel comunitario.
  • La ampliación de la cobertura de participación en el diseño de políticas, programas y proyectos dirigidos a las niñas y niños, por parte de las instituciones gubernamentales.
  • Fortalecer mecanismos de regulación frente a la divulgación de información inadecuada o nociva, aplicada a los medios y servicios de comunicación, públicos y privados, así como empresas de publicidad, con el fin de prevenir la violencia, el miedo y terror en la población de niñez y adolescencia.
  • Asegurar desde la Ley General del Presupuesto ejercicio 2016, la asignación de recursos para la protección integral de la niñez y la adolescencia, cumpliendo con el principio de interés superior de la niña, niño y adolescentes en la inversión pública.
  • A las instituciones gubernamentales que fortalezcan las capacidades de la administración pública en materia de niñez y adolescencia, de tal forma de garantizar los mecanismos de articulación interinstitucional para el avance del Sistema de Protección Integral a nivel local y nacional de los derechos de la niñez y la adolescencia.
  • La Alianza por los Derechos de la niñez, adolescencia y juventud de El Salvador reitera el compromiso de trabajar por los Derechos de las Niñas y los Niños y promover el avance del Sistema de Protección Integral a nivel local y nacional.


  • San Salvador, 21 de octubre de 2015.

  • Alianza elabora plan de incidencia


    Las organizaciones que integran la Alianza por los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud, participaron este 8 y 16 de octubre en la elaboración del plan de incidencia nacional 2015-2017.

    Representantes de FESPAD, Plan International; ORMUSA, IMU, LAS MELIDAS y ACISAM, definieron estrategias, ejes temáticos y actores claves, en sus esfuerzos por mejorar el goce de derechos de la niñez y adolescencia en el país y por tanto, mejores condiciones de bienestar para esta población.





    Ante el incremento de la violencia social en el país, ve con preocupación sus efectos directos e indirectos contra la niñez, la adolescencia y la juventud; tomando en cuenta que la edad y capacidad en evolución, su condición de género, de discapacidad y condición social, provoca mayor vulneración y riesgo ante la violencia.

    Según estadísticas del Instituto de Medicina Legal, durante el segundo trimestre del año 2015 se reportaron 194 homicidios de niñas, niños y adolescentes, de 0 a 17 años de edad. De enero a agosto de 2015, han sido asesinados 420 menores de edad. Entre enero y el 11 de agosto de 2015 se registró un total de 3.603 muertes violentas, de las cuales el homicidio de jóvenes representa el 33,38 por ciento del total. .

    Esta situación afecta directa o indirectamente a los niños y niñas en este país, al ser víctimas directas o presenciar la violencia en sus hogares, en sus comunidades, en las escuelas o en general en la sociedad. Esto empeora cuando son testigos de la muerte de su madre, padre o ambos. .

    Otros derechos de la niñez y la adolescencia también se ven afectados a causa de esta misma situación, por ejemplo el derecho a la educación. Muchas niñas, niños y adolescentes se ven forzados a la deserción o al abandono escolar debido a amenazas de grupos delincuenciales, al acoso sexual e incluso debido a embarazos tempranos vinculados con la violencia sexual. .

    100,851 estudiantes de todos los niveles de 6,062 centros escolares públicos y privados abandonaron las clases en 2014, según el Ministerio de Educación (MINED). La cifra representa el 6.2% del total de matrícula inicial que registró el ministerio ese año: 1,616,510. El nivel más afectado es primaria y básica: 73,743 alumnos entre primero y noveno grado dejaron de asistir a clases el año pasado. .

    El segundo mayor grupo de estudiantes que no terminó el año escolar en 2014 fueron de bachillerato: 17,968. El informe del MINED detalla que 20,372 estudiantes abandonaron las clases por “delincuencia” el año pasado. El primer lugar lo ocupa el “cambio de domicilio del estudiante” con 65,432, una causa muy ambigua y que esconde una buena parte de las dimensiones reales del problema por el desplazamiento forzado por pandillas. .

    Ante este panorama, la Alianza hace el siguiente llamado para la protección de las NNAJ víctimas de la violencia social:.

  • Para que por sobre toda situación de violencia prevalezca el INTERES SUPERIOR DEL NIÑO Y DE LA NIÑA. .
  • Es urgente que se redoblen e intensifiquen los esfuerzos para asegurar la integridad física y emocional de las niñas, niños y adolescentes que resultan víctimas directas o indirectas
  • Es importante contar con una base científica para formular estrategias de prevención de la violencia e intervenciones terapéuticas efectivas de cara a las víctimas.
  • Proteger a los niños y niñas contra la violencia es un asidero para reducir todas las formas de violencia en la sociedad, así como para evitar las consecuencias sociales y de salud a largo plazo.
  • Investigar y documentar el impacto emocional, social y económico de la violencia y sus consecuencias en contra de niñas, niños y adolescentes. Ya que la violencia contra este sector tiene consecuencias a corto y largo plazo que implicará altos costos económicos para la sociedad.
  • Unir esfuerzos para prevenir y responder a la violencia contra los niños y niñas de manera multisectoriales.
  • La Alianza por los Derechos de la niñez, adolescencia y juventud de El Salvador, reitera el compromiso de trabajar por los Derechos estos sectores para que crezcan en ambientes sanos, seguros, afectivos y dignos.


  • San Salvador, 16 de septiembre de 2015


    Conferencia de prensa Alianza por la Niñez, Adolescencia y Juventud




    Al finalizar el primer año de gestión del Presidente Salvador Sánchez Céren, la Alianza por los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud de El Salvador, identifica importantes avances en el ámbito social en políticas de niñez y adolescencia, sin embargo, el actual contexto nacional es imprescindible redoblar esfuerzos para erradicar la situación de violencia y vulneración de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes en espacios como la familia, la escuela, centros de trabajo y la comunidad.

    Entre los avances se destacan los programas: útiles y uniformes escolares, alimentación y salud que benefician a un millón 400 mil estudiantes; el programa “Una niña, un niño, una computadora” que a la fecha beneficia a más de 6 mil estudiantes y la inauguración del proyecto Ciudad de la Niñez y Adolescencia, cuyo objetivo es atender a personas menores de edad que están en desventaja social.

    Por el contrario, el contexto actual indica que la niñez y adolescencia enfrenta ambientes sumamente hostiles que afectan de manera negativa su desarrollo y bienestar, por ejemplo:

    De enero a octubre de 2014, las Juntas de Protección de la Niñez y de la Adolescencia atendieron un total de 12,183 casos de vulneraciones o amenazas a esta población; el derecho a la integridad personal fue el más denunciado por amenaza o violación equivalente a 9,403 casos (77%), le sigue el derecho a la salud con 1,053 casos (9%), la protección especial frente al traslado y retención de ilícitos con 903 casos (7%), 310 casos de vulneración al derecho a la educación y cultura (3%), el derecho a la vida con 208 casos (2%) y 306 de otros (2%).

    El Observatorio de los Derechos de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud en El Salvador, indica que según datos de la Policía Nacional Civil, de enero a mayo de 2015, 220 mujeres y hombres menores de 17 años fueron asesinados; y 268 adolescentes menores de 18 años se encuentran desaparecidos.

    Se cometieron 356 violaciones en menor e incapaz (24 del sexo masculino y 332 del sexo femenino. Por departamento, los que concentran la mayor cantidad son La Libertad, San Miguel, La Unión y Ahuachapán que suman el 48% del total. Otros delitos contra la libertad sexual contra menores en el mismo periodo fueron 92 agresiones sexuales (el 93% contra niñas y adolescentes) y 228 casos de estupro; el 62% se concentra en La Unión (95) y Cabañas (48). Además de 125 violaciones, el 63% contra jóvenes de 18 a 30 años.

    Algunas violaciones terminan en embarazo, aunque no se conoce la cifra oficial de manera certera; existe un alto porcentaje de embarazo adolescente en los últimos años que promedia el 31.6% al cierre de 2013.

    Tras cinco años de la aprobación de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (LEPINA) todavía hay instancias del sistema de protección que no están funcionando como los Comités Locales de Derechos. Faltan más de 240 alcaldías que no han instalado dichos comités.

    Ante ello, la Alianza por los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud, demanda:

    Al Estado salvadoreño destinar mayores recursos del presupuesto nacional y buscar cooperación internacional para mejorar la inversión en educación, que permita fortalecer la calidad educativa y ampliar el Modelo de Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno priorizando las zonas rurales del país y municipios más pobres o ampliar los horarios escolares para que el alumnado pueda participar en formación complementaria en derechos humanos, género y educación sexual integral, inglés y computación. Además, de mejorar la infraestructura, capacitación y formación docente.

    Al CONNA como ente rector de la protección de la niñez y la adolescencia, hacer su máximo esfuerzo para garantizar los derechos de estos grupos de población, especialmente, su derecho a la protección ante cualquier tipo de violencia o maltrato.

    A las instancias aplicadores de justicia, mayor coordinación y efectividad para que los múltiples hechos de maltrato contra la niñez y la adolescencia, no queden en la impunidad. A las comunidades y sociedad en general, que promovamos actitudes y comportamientos de protección y respeto hacia las niñas, niños y adolescentes, prevaleciendo siempre el principio del interés superior de la niñez.

    Enfrentar los retos y mejorar la situación de la niñez es una obligación estatal, pero también de la sociedad entera, incluyendo la empresa privada.

    Los medios de comunicación pueden contribuir en la difusión de programas que promuevan una cultura de paz y la armonía social para contrarrestar las afectaciones a salud mental de la niñez y adolescencia.

    Es preciso que el Organo Legislativo y el Judicial tomen conciencia del grave contexto actual y pongan en práctica planes de austeridad para reorientar los recursos necesarios en la mejora educativa, políticas y planes para la protección y sano desarrollo de la niñez y adolescencia en el país.

    San Salvador, 16 de junio 2015.


    Más de un millar de niñas y adolescentes salvadoreñas abandonan estudios cada año por embarazo.
    El Salvador tiene una tasa elevada de embarazos en adolescentes entre 15 y 19 años, lo que conlleva diferentes problemáticas para las niñas y adolescentes, principalmente la suspensión de sus estudios.

    Datos del Ministerio de Educación de El Salvador indican que en promedio cerca de 1,300 niñas y adolescentes abandonan la escuela anualmente por razones de embarazo. En el periodo 2009- 2013, 5,171 estudiantes dejaron de estudiar por esta causa. El 69% cursaba tercer ciclo de educación básica (7º, 8º y 9º grado); el 15.48% eran alumnas de 1° y 2° ciclo. .



    La ex ministra de salud, Dra. Isabel Rodríguez afirmó en 2013 que la prevalencia de embarazo adolescente en El Salvador es alta en relación con el resto de países de la región. Reconoció que “las acciones de educación sexual y reproductiva que se realizan en el país aún son insuficientes”, la cantidad de embarazos tempranos son particularmente preocupantes ..

    Según estudios del Fondo de Población de las Naciones Unidas, a pesar de un descenso en las tasas de fecundidad adolescente en países de Centroamérica, éstos aún tienen las tasas más altas de América Latina... La falta de oportunidades económicas y educativas para las mujeres y las normas tradicionales que fomentan la maternidad temprana pueden ser algunos de los factores determinantes. Existen grandes diferencias según el nivel educativo, el lugar de residencia y las condiciones socioeconómicas y étnicas de las niñas y adolescentes: el porcentaje es mayor en las zonas rurales, en grupos indígenas y entre jóvenes con los niveles más bajos de educación. .

    Efectivamente, en los últimos tres años no se ha logrado disminuir los altos índices de embarazo adolescente, en 2011 eran del 31.4%, en 2012, fue 32% y en 2013 es 31.6%; estos porcentajes corresponden al 100% de los partos atendidos en el país. .

    En promedio, durante el trienio 2011-2013, se registraron mil embarazos anuales en el grupo de 10 a 14 años. Estos datos muestran la inseguridad e irrespeto hacia las niñas, ya que en este grupo de edad cualquier acto sexual es considerado una violación según la ley. Por otra parte, es evidente que además de la afectación a la integridad física y psicológica de las niñas vulneradas, se les obliga a llevar a término un embarazo impuesto y a forzar la función de la maternidad a temprana edad. Por tanto, es un desafío para las autoridades de seguridad no dejar estos casos en la impunidad. .

    Las causas del embarazo son diversas incluye violencia sexual, roles tradicionales sexistas para las mujeres, desconocimiento de educación sexual integral para evitar embarazos no deseados y posponer el ejercicio de la maternidad y paternidad hacia edades donde pueda tomarse una decisión informada y consciente, si así lo deciden, entre otras causas. .

    Las consecuencias del embarazo van desde el abandono de estudios, riesgos en la salud para la madre adolescente y su hija o hija; depresión, rechazo de su familia y de la comunidad; suicidios y mayor dependencia económica, mayor riesgo de las niñas y adolescentes a caer en situaciones de violencia de género y violencia de pareja. .

    Este contexto indica la urgente necesidad de las autoridades de salud y educación de fortalecer los esfuerzos en el ámbito de la educación sexual integral para para facilitar el conocimiento a las y los adolescentes sobre temas de género, violencia sexual, prevención de embarazos y prácticas sexuales responsables. Esta formación debería ser de manera gradual desde los primeros años de estudios y acorde a las etapas de crecimiento de la niñez y adolescencia. .



    Reformas propuestas por ANEP vendrían a desmejorar condiciones de aprendizaje para adolescentes y jóvenes en el país.

    En el documento del XIV Encuentro Nacional de la Empresa Privada (ENADE 2014), “El Salvador Competitivo”, presentado por la gremial empresarial en junio pasado, propone la aprobación de una Ley Reguladora del Contrato de Aprendizaje; para ello sugiere derogar en todas sus partes el Capítulo primero del Título segundo del Código del Trabajo referente al trabajo de los aprendices.

    De aprobarse esta reforma por la Asamblea Legislativa, afectaría de manera negativa las condiciones y bienestar de adolescentes y jóvenes en situación de aprendizaje de un oficio o labor por varias razones.

    El Código vigente garantiza las condiciones mínimas para que las y los aprendices gocen de ambiente apropiado tales como derechos laborales, remuneración creciente de 50%, 75% y 100% del salario mínimo en un período de tres años, entre otras.

    Por el contrario, entre la propuesta de la ANEP, el Art. 6 dice: “El auspiciador retribuirá una suma de dinero que no será menor al cincuenta por ciento del salario mínimo legal vigente para el sector de que se trate”. De esta manera, se denomina “auspiciador”, al empresario o responsable del aprendizaje, usando un término que tiene una connotación de quien apoya o auspicia, es decir alguien está haciendo un favor a la persona que aprende.

    Además, significa una desmejora a la retribución recibida por parte de la empresa, ya que una persona recibirá lo mismo siempre independientemente del período en aprendizaje, ya que la propuesta no lo limita. Por tanto, podría ser utilizada para obtener mano de obra barata a causa de los derechos de las o los adolescentes en situación de aprendizaje de un oficio o labor

    El Código de Trabajo vigente señala en el Art. 69. Que el Aprendiz tiene derecho a un salario mínimo que se firmará de conformidad con el Capítulo II, Título III del Libro Primero de este Código. Durante el primer año del aprendizaje este no podrá ser inferior al cincuenta por ciento del salario mínimo; y durante el segundo año, si lo hubiere, no será inferior al setenta y cinco por ciento de aquel salario. A partir del tercer año, no podrá ser pagado a una tasa inferior al mínimo legal.

    La propuesta de la ANEP dice en el Art. 11 “En ningún caso, el contrato de aprendizaje generará relación laboral alguna, ni podrá ser fuente de otros vínculos y responsabilidades de tipo laboral regulados por el Código de Trabajo, contratos colectivos de trabajo, costumbre de empresa y otras normas conexas”. De esta manera, la persona que está aprendiendo tiene una serie de responsabilidades hacia el lugar de aprendizaje pero la empresa, fábrica o negocio no tiene ningún deber hacia ella, es decir que no está obligado a responder en un accidente de trabajo o cualquier contratiempo originado del aprendizaje.

    En cambio, el Código vigente señala la edad mínima de los aprendices, su jornada de trabajo y derecho a descansos, vacaciones, licencias y otros permisos, remunerados o no, se rigen por las disposiciones del presente Código. Los aprendices tienen los mismos derechos sindicales que los demás trabajadores. En los demás, el aprendizaje se regirá por las normas que sobre esta materia apruebe el Organo Ejecutivo en el Ramo de Trabajo y Previsión Social. (8) Art. 70.-Cuando un trabajador esté sometido a cursos de extensión o readiestramiento en alguna o algunas de las tareas o fases de un oficio, arte u ocupación, conservará su calidad de tal y gozará de todos los derechos y prestaciones emanados de su contrato individual de trabajo.

    El desempleo juvenil muestra la necesidad de proveer condiciones de aprendizaje idóneas para las y los jóvenes, entre otros factores necesarios para fomentar el empleo; pero esto debe hacerse garantizando oportunidades de capacitación y aprendizaje que contribuyan a mejorar su calidad de vida, cumpliendo el marco legal de los derechos laborales y otras leyes como la del INSAFORP y la LEPINA; sobre todo que las y los jóvenes no sean vistos como una oportunidad de conseguir mano de obra barata y sujeta de explotación.

    Representantes de la Alianza por los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud se reúnen con Dirección Ejecutiva del CONNA.

    De izquierda a derecha: Ismelda Villacorta, Deysi Cheyne, Zaira Navas, Directora Ejecutiva del CONNA; Isabel Fabián y Vilma Vaquerano, en la reunión sostenida el pasado 25 de junio en las instalaciones del CONNA, a solicitud de la Alianza por los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud en el Salvador.

    La Alianza reiteró su indignación y preocupación por los altos niveles de violencia contra niños, niñas, adolescentes y jóvenes de nuestro país. Las estadísticas demuestran que lejos de disminuir, los homicidios, maltratos, violaciones sexuales e infanticidios, están a la orden del día, sin que se ponga en marcha una política coherente y en correspondencia con la gravedad del fenómeno social que estamos enfrentando.
    b Al mismo tiempo, la violencia y especialmente los feminicidios están dejando en la orfandad a niños, niñas y adolescentes, cuyas vidas quedan a la deriva, a cargo de otras mujeres que reciben esta carga familiar sin ninguna respuesta del Estado.

    Continúa proceso de capacitación en redacción periodística y vocería para jóvenes y adolescentes.

    Alianza demanda mejorar respuesta del Estado para atender a la niñez y adolescencia afectada por la violencia social y de género

    Capacitacion socio politica a las organizaciones de la sociedad civil, desde un enfoque de derechos de la niñez

    Conferencia de prensa sobre delincuencia, violencia sexual y discriminacion

    Capacitación en redacción periodística y vocería.


    Representante de la Alianza por los Derechos de la Niñez es juramentada como parte del CONNA

    Posicionamiento sobre el Servicio Militar Obligatorio para adolescentes y jóvenes en “riesgo social”

    Primer foro: Situación de avances de los derechos de la niñez y adolescencia, El Salvador 2010

    Alianza celebra foro: Objetivos de Desarrollo del Milenio: Un compromiso con la niñez de El Salvador

    Alianza por la Niñez, adolescencia y juventud, muestra preocupación por los pocos avances en el tema de la LEPINA

    Desarrollan Primer Festival Artístico Cultural

    Posicion de la alianza por los derechos de la niñas,niños, adolescentes y jovenes de El Salvador ante la entrada de viegencia de la LEPINA

    Comunicado de Prensa: Auge de violencia y propuestas de reformas penales


    La Alianza por los Derechos de las Niñas, los Niños, Adolescentes y Jóvenes en El Salvador, presentó este 23 de marzo, el Observatorio de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia.